Uno de los anuncios más destacados de las últimas semanas ha sido la futura regularización extraordinaria de personas migrantes en España. Se trata de una iniciativa clave que permitirá poner en orden la situación de miles de personas extranjeras que se encontraran en España antes del 31 de diciembre de 2025, permitiéndoles así trabajar de forma legal, acceder a derechos básicos como la sanidad o la educación y cotizar como cualquier otro empleado residente en España.
Desde Kernel Legal, de la mano de nuestra abogada Anabel Suso Casamián, hemos analizado las claves de esta futura medida y todas las ventajas que ofrece. Te invitamos a leer el texto publicado por ‘El País’ – ‘Cinco Días’ y a ponerte en contacto con nuestro equipo de abogados para resolver cualquier duda e iniciar ya los primeros pasos: la ventana de solicitudes durará solo tres meses, desde abril hasta junio, y es importante darse prisa para evitar errores y retrasos.
«Desde un punto de vista material, el impacto previsiblemente será desigual según la nacionalidad y los patrones de inserción en el mercado de trabajo. Resultarán particularmente beneficiados colectivos con mayor exposición estructural a la irregularidad administrativa —especialmente personas procedentes de América Latina, el Magreb y determinadas regiones africanas— cuya presencia se concentra en sectores como cuidados, hostelería, agricultura o construcción. La medida incide, por tanto, en ámbitos donde la acreditación documental ha constituido históricamente una barrera de acceso a la regularización.
Por otro lado, especial relevancia jurídica tiene la supresión del requisito de aportación del certificado de empadronamiento. Este requisito había operado como obstáculo material para acreditar la residencia efectiva, generando situaciones de exclusión indirecta para personas sin acceso a vivienda formalizada. Su eliminación desplaza la valoración administrativa hacia un sistema probatorio más abierto, en el que pueden adquirir valor acreditativo otros elementos tales como documentación sanitaria o educativa, informes de servicios sociales, justificantes de remesas, acreditaciones de entidades sociales o prueba testifical. Ello exige, no obstante, criterios interpretativos homogéneos para preservar los principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la norma.»
Nuestra abogada destaca también que, en términos de relaciones laborales, la regularización presenta efectos positivos en ambas posiciones contractuales. Para el empleador, supone reducción de riesgos sancionadores, mayor previsibilidad organizativa y acceso a mano de obra formalmente incorporada al sistema. Para el trabajador, implica el acceso efectivo a derechos laborales y de Seguridad Social, con la consiguiente disminución de situaciones de vulnerabilidad y explotación.
Además, de cara a la persona migrante, cabe destacar también la agilidad del proceso y sus efectos inmediatos: la admisión a trámite de la petición ya dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder al resto de derechos como residente, a lo que se suma un plazo de respuesta por parte de la Administración sumamente breve, de tan solo 15 días.
Desde estas líneas queremos agradecer una vez más a ‘El País’ – ‘Cinco Días’ su colaboración y el habernos permitido analizar esta medida para informar a cualquier ciudadano interesado sobre los efectos que tendrá y el impacto positivo que supone para todos. Si necesitas ayuda con cualquier asunto legal relacionado con extranjería, ponte en contacto con nuestro equipo de abogados.
