Canal de denuncia, una nueva obligación para la empresa: evita multas de hasta un millón de euros

29 Sep Canal de denuncia, una nueva obligación para la empresa: evita multas de hasta un millón de euros

¿Sabías que contar con un canal de denuncia en tu empresa será obligatorio dentro de muy poco y que no disponer de él puede suponer una multa de entre 600.000 euros y un millón de euros? Es la consecuencia directa de la aplicación en España de la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, o Directiva Whistleblowing. Con ella se intenta proteger a las personas que, conocedoras de infracciones de las organizaciones públicas o privadas para las que trabajan o prestan servicios o tienen conexión de alguno de los tipos que establece, puedan denunciarlas sin temor a represalias. La transposición de esta norma en España ya se encuentra en el Congreso, por lo que es el momento perfecto para adaptarte con margen.

Toma nota de las claves de esta obligación y, si tienes dudas, ponte en contacto con nuestro equipo de abogados: somos especialistas en cumplimiento normativo y podemos ofrecerte un asesoramiento completo en materia empresarial. 

Canal de denuncia: claves para implantarlo en tu empresa

Las personas que conocen una infracción suelen ser las primeras en sufrir amenazas o perjuicios tras informar sobre ello, ya que actúan en calidad de denunciantes, lo que puede suponer represalias. Sin embargo, el rol de los llamados whistleblowers es básico para descubrir y prevenir esas infracciones.

Por eso la Directiva europea establece unas normas mínimas relacionadas con los sistemas de denuncia (canales internos, externos o revelación pública), definiendo quiénes son las personas protegidas y cuáles deben ser los mecanismos de protección que les serán aplicables: prohibición de represalias, medidas preventivas, indemnizaciones o reparación real y efectiva (de forma que sea proporcionada respecto del perjuicio sufrido, además de disuasoria), etc.

Esta nueva normativa ya se encuentra en el Congreso y entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. Además, habrá un plazo máximo de 3 meses desde esa entrada en vigor para que las organizaciones obligadas a implantar los canales lo materialicen. Tan solo las entidades jurídicas del sector privado con menos de 249 trabajadores y municipios de menos de 10.000 habitantes contarán con un plazo mayor, hasta el 1 de diciembre de 2023.

Estas son algunas claves de la futura norma:

• Con ella se protege y ampara a los informantes tanto en materia de normativa de la UE como con respecto a infracciones relacionadas con otros ordenamientos jurídicos. En todo caso se considerará que un individuo debe ser protegido si la vulneración investigada afecta a la Hacienda Pública.
• Todas las entidades del sector público deben contar con un sistema interno de informaciones o canal de denuncia, incluidos todos los municipios.
• También se incluye, dentro del sector privado, a los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.
• La buena fe, definida como la conciencia honesta de que se han producido o pueden producirse hechos graves y perjudiciales, constituye un requisito básico para la protección del informante. Se prohiben represalias como el despido o las referencias negativas en el ámbito laboral o profesional, así como la no renovación del contrato de trabajo, la no conversión de un contrato de trabajo temporal en uno indefinido (cuando el trabajador tuviera expectativas legítimas de que se le ofrecería un trabajo indefinido), la denegación de formación o la discriminación o trato desfavorable o injusto.
• Todos estos actos se considerarán nulos de pleno derecho, y “darán lugar, en su caso, a medidas correctoras disciplinarias o de responsabilidad, pudiendo incluir la correspondiente indemnización de daños y perjuicios al perjudicado.”
• También se diseñan medidas de apoyo para los informantes, como información y asesoramiento integral, accesible y gratuito; e incluso apoyo financiero y psicológico, aunque de forma excepcional.
• En el texto se prevén unos “supuestos de exención y atenuación de la sanción” para aquellos casos en que una persona que haya participado en la comisión de una infracción administrativa objeto de la información sea la que informe de su existencia.
• Los canales internos deben ser de uso asequible y contar con plenas garantías de confidencialidad, así como garantizar el correcto seguimiento, investigación y protección del informante. El responsable de su implantación es el órgano de administración u órgano de gobierno de cada entidad u organismo obligado, y previa consulta con la representación legal de los trabajadores. Éste es responsable, además, del tratamiento de los datos personales.
• Las comunicaciones o denuncias se deben poder efectuar por escrito o verbalmente, o de ambos modos.
• Será necesaria la figura de un responsable del correcto funcionamiento del sistema (responsable del sistema), cuyo nombramiento debe ser comunicado a la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
• Se especifican los derechos de la persona afectada por la denuncia: a que se le informe de las acciones u omisiones que se le atribuyen, y a ser oída en cualquier momento.
• Se deberá remitir la información al Ministerio Fiscal con carácter inmediato cuando los hechos pudieran ser indiciariamente constitutivos de delito.
• Se permite la gestión del sistema por un tercero externo, siempre que ofrezca garantías adecuadas de respeto de la independencia, la confidencialidad, la protección de datos y el secreto. Este tercero “tendrá la consideración de encargado del tratamiento” en materia de protección de datos.

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